El 15 de agosto de 2007, hace 10 años, a las 18:41 horas, ocurrió un sismo de magnitud 7,9 en la escala de Richter, a 150 km al sur de Lima. El sismo abarcó aproximadamente 230 kilómetros en línea recta, de norte a sur, desde Chilca en Cañete, hasta Santiago en Ica, y se extendió de oeste a este, desde el mar hacia las zonas altoandinas de Huancavelica.
Casi dos horas después del sismo, las olas alcanzaron alturas de dos a tres metros, y en algunos casos, hasta los 10 metros. Decenas de caletas de pescadores fueron dañadas. Según cifras del INEI y el Indeci, el evento telúrico dejó 596 personas fallecidas y más de mil 290 heridas. Asimismo, hubo daños en servicios de agua y desagüe, infraestructura de salud, educación, red vial y canales de riesgo, principalmente. Así como unas 75 mil viviendas quedaron destruidas y/o inhabitables.
Cerca del 70% de los predios no estaban saneados predialmente. Gran parte de los damnificados no era ni titulados ni posesionarios reconocidos, sino inquilinos o invasores, lo cual representó una dificultad para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, y asignación de subsidios.
De inmediato, el Gobierno de entonces creó el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos (Forsur), una entidad que estuvo vigente hasta diciembre de 2011, para atender los desastres e impactos generados por el terremoto, cuyos daños superaron la capacidad de los gobiernos locales y regionales, lo cual obligó la intervención del Gobierno nacional.
DIEZ AÑOS DESPUÉS
Coincidentemente, y a pesar de que han transcurrido 10 años entre el sismo del 2007 y El Niño Costero de este año, ambos eventos evidencian que los instrumentos de gestión e intervención sectorial y local, principalmente en zonas urbanas, no han incorporado aún el componente de gestión de riesgo de desastres, precisa Fernando Neyra, autor del estudio breve “Lecciones aprendidas del Fondo de Reconstrucción del Sur 2007”, encargado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), como un aporte a las acciones gubernamentales tras El Niño Costero 2017.
“Esta situación no solo expone la inversión económica –pública y privada– ante un peligro de origen natural, sino que principalmente pone en alto riesgo la vida e integridad de las personas, que suelen ser las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. Este escenario obliga a las autoridades, una vez más, a considerar la importancia de la planificación en la ocupación del territorio como parte esencial del desarrollo”, indica Neyra al analizar las lecciones que dejó el FORSUR a nivel político, administrativo – presupuestal, y técnico.
FORSUR 2007: LECCIONES A TENER EN CUENTA
El FORSUR se mantuvo vigente durante 4 años y medio. Priorizó proyectos vinculados principalmente a infraestructura pública y servicios, tales como a hospitales, centros de salud, postas médicas, centros educativos, obras de saneamiento, habilitaciones urbanas, pistas, veredas, comisarias, mercados, cementerios, penales, infraestructura de riesgo, defensa ribereña, vías de interconexión rural. Aprobó mil 70 proyectos entre agosto del 2007 y el 28 de julio del 2010 (último día de estado de emergencia); pero solo se financiaron con presupuesto 941 proyectos por un monto de mil 96 millones de nuevos soles y se culminaron 646 proyectos por un monto de 470 millones de nuevos soles, detalla este estudio desarrollado en base a datos oficiales y entrevistas a funcionarios públicos de la época.
Como indican estas cifras, el aspecto positivo del Forsur estuvo en el nivel de la reconstrucción de la infraestructura y los servicios públicos; no obstante, existieron inconvenientes como no contar con un presupuesto efectivo para realizar procesos de contratación hasta diciembre del 2007, lo cual retrasó la incorporación de profesionales y la conformación del equipo técnico administrativo hasta el primer trimestre del año 2008. Asimismo, retrasos en la asignación de presupuesto a las unidades ejecutoras; la falta de capacidad administrativa, logística y operativa para elaborar expedientes técnicos, y cumplimiento de cronogramas establecidos –principalmente de parte de gobiernos regionales y municipios-. Hubo contratación de consultores no calificados, además de la carencia de técnicos para supervisión en la zona. A este panorama se sumaron las paralizaciones por manifestaciones sociales.
Hacia el lado más social, el Fondo no intervino directamente en la reconstrucción de viviendas, éstas se realizaron mediante los mecanismos de fomento habitacional existentes, para lo cual el Gobierno dispuso el otorgamiento de una subvención destinada a las familias que perdieron la totalidad de sus viviendas. Según cifras de INEI e INDECI, se estima que cerca de 75 mil viviendas quedaron destruidas y/o inhabitables, y dado que la mayoría de damnificados no tenían regularizada su propiedad, la subvención se amplió a la adquisición de materiales. Veintiocho mil 700 familias recibieron la subvención denominada BONO 6000.
¿QUÉ NO DEBERÍA REPETIRSE?
Neyra, quien en la época de la reconstrucción fue Director Nacional de Vivienda, señala en su estudio que "hubo excesiva exposición política y faltó claridad de roles y funciones en los diferentes estamentos del Estado, bloqueándose así mismo". Al referirse al Bono 6000, agrega que el principio de subsidiariedad se mal entendió tanto por la población como para algunas autoridades locales. “Lo más difícil fue la lentitud de los procedimientos presupuestales y administrativos acompañados de un alto grado de informalidad en la toma de decisiones, múltiples canales de información, poca transparencia y clientelismo, discrepancias en el dimensionamiento de daños y afectación; así como, una alta expectativa generada en la reconstrucción de viviendas”.
La prevención es un tema mal entendido por las autoridades, que la asumen como preparación para los desastres, dejando de lado acciones prospectivas; la que implica tomar las medidas y acciones necesarias en la planificación del desarrollo, con el objetivo de evitar nuevas vulnerabilidades o amenazas. Se realiza sobre la base del riesgo latente y se especifica por medio de regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de ordenamiento territorial, entre otros elementos. Realizar prospección implica analizar el riesgo a futuro para definir el nivel de riesgo aceptable. Para que esta gestión sea exitosa, se requiere de un alto grado de voluntad política, compromiso social y conciencia pública, afirma el autor.
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
Los procesos de reconstrucción no deben tener como eje el desastre y sus consecuencias, para reducirse a inversión para rehabilitar y reparar lo que se vino abajo, sino más bien, deben tomar como eje de que la causa fundamental que origina el desastre es la ausencia y deficiencia de ordenamiento y planificación del territorio, afirma Fernando Neyra. En esa línea su estudio en lista algunas recomendaciones de política, tomadas como base las lecciones dejadas por el FORSUR.
1) A nivel político
* Conformar una entidad solida técnica, legal y administrativa que integre y articule los esfuerzos del Estado, superando la visión sectorial
* Definir los roles de los actores de la reconstrucción para evitar superponer esfuerzos y que la población y autoridades conozcan el rol de las entidades del Estado
* Generar un clima de confianza y transparencia de tal manera de que la población confíe en las autoridades
* Mantener espacios de visibilidad política
* Definir estrategias para priorizar acciones y marcar hitos
* Conducir y responder a las demandas sociales con orientación técnica
* Promover incentivos para el desarrollo y reactivación económica
* Ir más allá del enfoque físico y no centrarse en el desastre
* La reconstrucción de viviendas es la prioridad de la población
2) A nivel administrativo y presupuestal
* Superar los obstáculos burocráticos
* Sincerar periódicamente los plazos de ejecución
* No confundir ni reemplazar la subsidiariedad
* Agilizar procesos dentro del marco legal y con transparencia
3) A nivel técnico
* La planificación debe ser el punto de partida
* Los instrumentos de planificación de ciudades deben mejorarse procurando generar incentivos que garanticen su implementación y retorno
* Las subvenciones deben garantizar reconstrucción de viviendas con calidad
* Gestión centralizada de cifras y reportes con transparencia
* Fortalecer capacidades a nivel de recursos humanos y logísticos
* Emplear las innovaciones disponibles que aceleren procesos técnicos
* Crear conciencia del peligro y riesgo.
Informe elaborado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
